Resultados científicos del proyecto

Analiza la evolución del Pilar I desde sus fundamentos históricos en el Derecho tributario internacional hasta sus implicaciones presentes y futuras, explorando por qué las normas tradicionales resultan inadecuadas para la economía digital ("digital exceptionalism") y ampliando el foco hacia la propuesta de la ONU sobre nuevos criterios de asignación de la potestad tributaria.

Examina el caso Apple ante el TJUE y el Tribunal General de la UE, señalando las contradicciones con pronunciamientos previos y las limitaciones del régimen de ayudas de Estado para combatir la planificación fiscal agresiva cuando esta es consentida por otras jurisdicciones.

Compara la Cantidad A del Pilar I con el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales español (IDSD), concluyendo que, pese a operar en el mismo terreno, gravan objetos imponibles diferentes y jurídicamente resultan compatibles entre sí.

Estudia cómo el art. 54 ter RGGI transpone la DAC7 y las Normas Tipo de la OCDE para las plataformas de alojamiento turístico, comparando la experiencia española con los enfoques de Italia y Francia, que han recurrido a retenciones y "programas araña" de datos públicos.

Recorre las obligaciones de registro y diligencia debida de la Ley 11/2021 y el RD 249/2023 (Modelos 172, 173 y 721) y analiza el proyecto de transposición de la DAC8, que ampliará estas obligaciones a los criptoactivos a partir de 2026.

Analiza la Directiva 2021/514/UE (DAC7) y su papel en la expansión de la cooperación administrativa hacia la economía digital, mostrando cómo la globalización ha vuelto insuficientes los métodos de investigación fiscal puramente nacionales.

Examina la transposición de la DAC7 a través del Modelo 238 y señala como principal debilidad la complejidad de la redacción normativa española, con múltiples remisiones a definiciones en anexos que dificultan su comprensión.

Critica la dispersión normativa española (Ley 13/2023, DA 25ª LGT, RD 117/2024, art. 54 ter RGGI) frente al modelo alemán de ley única, y advierte de que la complejidad puede desincentivar el registro de operadores y elevar los costes de cumplimiento.

Analiza los tres pilares del plan ViDA (informes digitales en tiempo real, sujeto pasivo considerado proveedor y registro único de IVA) y advierte de la carga económica que supondrá para las pymes, pese a valorar el plan como un paso fundamental hacia un sistema definitivo de IVA.

Sostiene que la venta de bienes de segunda mano por particulares vive un "limbo de impunidad fiscal" pese a estar sujeta al ITPAJD, ya que la DAC7 excluye a los vendedores que no superan 30 operaciones o 2.000 € anuales; propone exonerar umbrales bajos, designar a las plataformas como sustitutos del contribuyente y reforzar sus obligaciones de información.

Denuncia la ausencia de un umbral legal claro para determinar cuándo compartir gastos de coche (tipo BlaBlaCar) genera capacidad económica gravable en el IRPF, y la competencia desleal frente al transporte tradicional, más regulado.

Critica la carga administrativa que supone la facturación electrónica obligatoria de ViDA para microempresas y pymes, así como el riesgo para la protección de datos al centralizar información sensible como el IBAN en las facturas.

Distingue entre "mundos cerrados" y "mundos descentralizados", situando la clave de la tributación del Metaverso en la existencia de un valor económico real y convertible a moneda gravable, en un campo aún incipiente para la regulación.

Identifica una laguna en el mecanismo del "sujeto pasivo considerado proveedor" (deemed supplier), que al dividir una operación en dos ficciones puede facilitar fraude en las ventas a distancia; propone extender las obligaciones de información y un certificado electrónico de exención de IVA.

Explora el impacto de ViDA en los eSports, alertando de que eliminar la flexibilidad del sistema IOSS podría complicar estos modelos de negocio, aunque reconoce el potencial del Registro Único de IVA para simplificar el comercio transfronterizo del sector.

Alerta de los riesgos de ciberseguridad de centralizar datos sensibles en el "VIES central" y de que el régimen de deemed supplier, al dejar exenta sin derecho a deducción la operación del proveedor subyacente, puede penalizar la equidad competitiva frente a los operadores tradicionales.